En la 9° Sesión Ordinaria del 13 de julio de 2023, el bloque Unión por la Patria presentó un proyecto de comunicación para pedir la señalización y mejora del camino que une las localidades de La Colina y Líbano, uno de los trazados rurales más transitados del distrito y, al mismo tiempo, uno de los que mayores dificultades presenta para vecinos y productores.
La iniciativa surgió tras múltiples planteos de habitantes de ambas localidades y de trabajadores rurales que, día a día, utilizan ese camino para acceder a sus empleos, trasladar insumos o transportar producción. El deterioro sostenido del trazado afecta directamente la actividad económica y la movilidad de la comunidad, comprometiendo no solo el tránsito cotidiano sino también servicios esenciales.
En los fundamentos del proyecto se detallaba que el estado del camino impacta en tres dimensiones centrales:
- La actividad productiva, ya que dificulta el acceso y salida de insumos y productos agropecuarios;
- El sistema de emergencias, cuyos móviles deben reducir la velocidad aun en situaciones críticas;
- La educación rural, ya que las malas condiciones del trazado complican o impiden el acceso de estudiantes y personal docente a las instituciones del medio rural.
El pedido, dirigido al Departamento Ejecutivo y a la Secretaría de Obras Públicas, solicitaba especialmente mejorar el mantenimiento y señalizar el camino, subrayando que la transitabilidad es una responsabilidad municipal amparada por la Ley Orgánica de las Municipalidades. El texto recordaba además que estos caminos son vitales para sostener la producción local y garantizar igualdad de oportunidades para quienes viven y trabajan fuera del casco urbano.
Pese a la claridad del planteo y a la importancia estratégica del corredor rural La Colina–Líbano, el problema persiste. El reclamo vecinal continúa, y cada lluvia vuelve a evidenciar las dificultades estructurales de un camino fundamental para el arraigo, la producción y la vida cotidiana de las familias rurales.
Con este proyecto, el bloque buscó reconocer esa realidad, ponerla en agenda y exigir respuestas concretas. Porque garantizar caminos transitables no es solo una cuestión de mantenimiento: es una política pública básica para una comunidad que necesita movilidad, trabajo y acceso igualitario a sus derechos.