En la 12° Sesión Ordinaria del 22 de agosto de 2024, la concejala Juliana González presentó un proyecto de ordenanza orientado a crear el Registro de Personas con Discapacidad Aspirantes a Empleo Municipal, una herramienta destinada a garantizar oportunidades laborales reales y a promover el cumplimiento del cupo previsto por la legislación nacional.
La iniciativa se fundamentó en un amplio marco normativo: la Ley Nacional 22.431 (Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad), la Ley 27.044, la Ley de Cupo Laboral 25.689 y la Ley Provincial 10.592, además de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. En conjunto, estas normas establecen la obligación del Estado de adoptar medidas concretas para eliminar barreras y garantizar la inclusión plena.
Una herramienta concreta para cumplir el 4% de cupo laboral
El proyecto destacó que el Estado nacional —y por adhesión, los estados provinciales y municipales— tiene la responsabilidad de asegurar que al menos el 4% de su planta de personal esté integrada por personas con discapacidad idóneas para el puesto. Sin embargo, en muchos municipios esta obligación no se cumple, en gran medida por ausencia de registros y de políticas activas de inclusión laboral.
La ordenanza presentada por González propone revertir esa situación mediante:
- La creación de un registro municipal abierto todo el año, donde las personas con discapacidad puedan inscribirse presentando su Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- La realización de un censo anual del personal municipal con discapacidad, diferenciando planta permanente y temporarios.
- La obligación de cubrir nuevas vacantes con personas inscriptas en el registro cuando el municipio no cumpla con el 4%.
- La priorización del ingreso a igualdad de mérito cuando no existan datos actualizados sobre la planta municipal.
La medida apunta a garantizar igualdad de oportunidades, transparencia y cumplimiento efectivo de la normativa vigente.
Un enfoque de derechos humanos y de inclusión real
El proyecto también establece que el Municipio deberá realizar capacitaciones anuales obligatorias en discapacidad para todo su personal, desde un enfoque de derechos humanos. La propuesta subraya que la inclusión no se reduce a cumplir un porcentaje, sino que requiere transformar prácticas institucionales, derribar barreras culturales y asegurar entornos laborales accesibles.
González planteó que el Estado municipal debe ser el primero en dar el ejemplo, promoviendo el acceso al empleo formal para personas con discapacidad y generando herramientas para su pleno desarrollo económico y social.
Una política local alineada con compromisos nacionales e internacionales
La creación de este registro representa un paso importante para ordenar, visibilizar y fortalecer las políticas de inclusión laboral en General La Madrid. En un distrito donde el empleo público tiene un peso significativo, contar con un mecanismo transparente y permanente es clave para evitar arbitrariedades y garantizar igualdad de trato.
Con este proyecto, la concejala Juliana González volvió a colocar en agenda una discusión central: la inclusión laboral de personas con discapacidad como responsabilidad del Estado y como obligación legal y ética. Una ordenanza que, de aprobarse y aplicarse, puede marcar un antes y un después en el acceso a derechos dentro del Municipio.